Publicado en 19 octubre 2011 por Juan. Attac
Patas Arriba
A principios de año, el pueblo de Túnez
logró tumbar a Ben Alí, el cual huyó del país el 14 de enero de 2011, después
de 23 años de una dictadura apoyada por los llamados países “desarrollados”.
Seis meses más tarde, Ben Alí fue condenado a pena de cárcel (en rebeldía,
porque huyó a Arabia Saudita, donde está protegido) y a pagar 46 millones de
euros de multa. Pero… ¿Es eso suficiente? Desde la caída del régimen
dictatorial, Túnez afronta una deuda externa pública de alrededor de 10.000
millones de euros. Ésta sirvió para enriquecer al clan de Ben Alí, cuya fortuna
se estima en 3.500 millones de euros, así como para imponer Planes de Ajuste
Estructural que afectan a la población con duras medidas de austeridad. Esta
deuda, en su mayor parte, se califica como odiosa, ya que no benefició a la
población, sino que sirvió para fortalecer y enriquecer un régimen despótico.
Todo ello con pleno conocimiento de los acreedores, en este caso, verdaderos
corruptores. Según el argumento jurídico de la deuda odiosa, elaborado por
Alexander Sack en 1927, una deuda contraída no para satisfacer las necesidades
y los intereses del pueblo, sino en contra de todo ello, es “una deuda de régimen
personal del poder que la contrajo, y, en consecuencia, deja de tener validez
cuando ese poder cae”.
En febrero de 2011, en el seno del
Foro Social Mundial, la sección tunecina del Comité para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo (CADTM) lanzó en Dakar una campaña internacional para la
condonación de la deuda contraída por el dictador Ben Alí. Desde entonces,
cerca de cien parlamentarios europeos han apoyado la iniciativa de auditar la
deuda tunecina |1|. Desde España, el grupo Patas Arriba |2| de Valencia se
solidariza con la campaña, al igual que lo hizo la red ¿Quién debe a Quién? a
nivel de Estado Español |3|.
En Egipto, desde que Mubarak se
convirtió en Presidente en 1981, tras el asesinato de su predecesor, Anwar
el-Sadat, el pueblo egipcio ha reembolsado el equivalente a 68.500 millones de
dólares en concepto de deuda externa. Sin embargo, durante el mismo periodo, la
deuda no cesó de aumentar, pasando de 22.000 a 33.000 millones de dólares. Al
igual que pasó en Túnez, la deuda contraída por el régimen de Mubarak es en su
mayor parte odiosa, y por lo tanto, conforme al Derecho Internacional, es nula
y no tiene validez, por lo que debería simplemente repudiarse.
Del otro lado del Mediterráneo, en
Grecia, la comisión independiente para auditar la deuda pública griega ya está
en marcha. Ésta se creó como consecuencia de una propuesta llevada a cabo por
un grupo de parlamentarios, movimientos sociales y ciudadanos. En Irlanda, las
organizaciones Afri,
Debt and
Development Coalition Ireland, junto con el sindicato Unite,
han impulsado una comisión ciudadana e independiente para una auditoría de la
deuda.
Dentro del Estado español, el debate
ya está en la calle. Desde diferentes movimientos sociales como el de los
indignados se empieza a pensar en impulsar esta herramienta de participación
ciudadana. ¿Vamos a aceptar la hemorragia de recursos hacia los acreedores
responsables de la crisis que están padeciendo los más humildes? ¿Vamos a
seguir pagando una deuda que no nos benefició, que no debemos, pero que sigue
recompensando a los que arruinaron al Estado? o más bien ¿vamos a auditar la
deuda pública, repudiar la parte ilegítima, odiosa o ilegal y castigar a los
responsables de la crisis?
Victorias sociales son posibles
Cuando, en 2002, Argentina decretó la
mayor suspensión de pago de la historia—la deuda era de unos 100.000 millones
de dólares—, muchos pronosticaron una ola de represalias financieras y comerciales
sobre el país. Pero en realidad, Argentina se encontraba en una posición de
fuerza con sus acreedores privados y la renegociación de la deuda desembocó en
2005 en una renuncia de más del 55% del valor de los títulos por parte de los
tenedores. A partir de ese momento, Argentina creció y demostró que es posible
decidir no pagar la deuda externa, o al menos una parte, y mejorar la economía
y el nivel de vida de su pueblo, por supuesto siendo conscientes que todavía
existen grandes desigualdades sociales en el país. Además, desde la crisis de
2001, Argentina ha dejado de reembolsar su deuda a los países ricos agrupados
en el Club de Paris |4|. Este hecho es silenciado e invisibilizado por los
medios y el mismo Club, por lo que nos preguntamos ¿Es posible que estas
personas tengan miedo de un efecto contagio a otros países endeudados? ¿Temen
la idea de Thomas Sankara (asesinado el 15 de octubre de 1987) y de Fidel
Castro de fomentar un frente de países endeudados unidos contra el pago de la
deuda?
En 2007/2008, Ecuador suspendió el
pago de una parte de sus deudas mientras realizó una auditoría oficial con
participación ciudadana que permitió al Gobierno renegociar títulos, ya que en
gran parte eran ilegítimos. Esto permitió al gobierno ecuatoriano el ahorro de
más 2200 millones de dólares del stock, más 300 millones de dólares al año en
concepto de intereses y esto durante 20 años. Este dinero se dedica ahora a la
mejora de la sanidad y educación pública.
En Islandia, la movilización social
logró hacer dimitir al Gobierno a finales de 2008. Después de haber
desembolsado centenares de millones de euros para re-nacionalizar los tres
principales bancos islandeses (Kaupthing, Landbanski y Glitnir) —totalmente
privatizados en 2003— el pueblo islandés se sintió engañado y se movilizó
masivamente para que los verdaderos responsables de la crisis pagasen el coste
de ésta. Mediante referéndum, las islandesas y los islandeses rechazaron el 9
de abril de 2011, por segunda vez, el reembolso de la deuda ilegítima Icesave,
que contemplaba la nacionalización de deudas privadas |5|.
La historia nos enseña muchos otros
casos. En 1914 en plena revolución, México (por entonces el país más endeudado
del continente) suspendió por completo el pago de su deuda externa y en 1942
los acreedores renunciaron aproximadamente al 80 % del valor de sus créditos.
No satisfaremos la reestructuración de
deudas, permitiendo alargar en el tiempo el reembolso, sin cambiar nada de este
sutil instrumento de dominación. No podemos aceptar tampoco una moratoria sólo
de reembolso de capital, ya que incluso en estos casos, muchas veces los
intereses continúan vigentes. Para conseguir la justicia real, tenemos que
exigir una moratoria del pago de la deuda con congelación de intereses, y
facilitar así la realización de una auditoría independiente y ciudadana de la
deuda pública de España |6|. Como se dice en Grecia: ¡No debemos, no pagamos!
En consecuencia, seria para todo el
beneficio del pueblo, averiguar quiénes contrajeron esas deudas y a quiénes
beneficiaron los créditos; difundir los resultados a la ciudadanía y ver qué
parte sirvió para enriquecer las elites corruptas, para comprar armamento ilegítimo
o para estafar al tesoro público. Los resultados de una auditoría ciudadana
empoderarían al pueblo para que éste luchase por su soberanía y sus derechos.
La auditoria, si se realiza con participación ciudadanía, puede ser una
herramienta útil para la emancipación de los pueblos.
¡Basta de
imponernos recortes sociales para reducir un déficit consecuencia de políticas
fiscales injustas y de salvamento a la banca!
¡No reembolsaremos deudas
ilegitimas!
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